La Política Pública de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035 surge en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala. Constituye un compromiso histórico del Estado para prevenir agresiones, garantizar la protección integral y promover el acceso a la justicia, asegurando condiciones seguras y dignas para quienes defienden los derechos humanos en el país.

A más de una década de dicha sentencia, Guatemala continúa enfrentando desafíos relacionados con la violencia y las limitaciones en el acceso a la justicia. En respuesta, esta Política busca consolidar un sistema integral de protección, fortalecer los mecanismos existentes y reconocer la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos. Estructurada en tres ejes —prevención de riesgos y amenazas, protección integral y acceso a la justicia y reparación digna—, promueve el respeto y resguardo de las personas defensoras desde principios de igualdad, no discriminación, perspectiva de género, enfoque intercultural y territorial, bajo la rectoría del Ministerio de Gobernación.