Como parte del fortalecimiento del Régimen Penitenciario y la modernización del sector justicia a partir del 1 de junio del presente año se iniciará con la implementación del Control Telemático en el proceso penal de Guatemala. Esta herramienta constituye una alternativa eficaz para la prisión preventiva, porque permite el monitoreo del portador del dispositivo, así como la activación inmediata de los protocolos de actuación ante cualquier alerta o emergencia.
En el marco de estas acciones las autoridades de la Cartera del Interior junto con periodistas de distintos medios de comunicación realizaron este 31 de mayo un recorrido en las instalaciones de la Unidad de Control Telemático del Ministerio de Gobernación (Mingob), ubicada en la 6ª avenida “A” y 14 calle de la zona 1 capitalina, con la finalidad de conocer el equipo que será utilizado por personal profesional y altamente capacitado para verificar la ubicación georreferenciada de su portador.
El Titular de la Cartera del Interior destacó la importancia de presentar a la prensa y la sociedad en general los avances obtenidos en materia de la modernización en el sector justicia guatemalteca. “Para el Gobierno de Guatemala y esta Cartera es satisfactorio lograr concretar la implementación del Control Telemático de forma eficiente y transparente en el país”, añadió el funcionario.
“Para los próximos días se tiene previsto el desarrollo de un taller dirigido a jueces y trabajadores sociales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que puedan conocer los procesos técnicos, administrativos y legales que conlleva la implementación de este proyecto. Esta formación continua permitirá al personal del sector justicia determinar con propiedad qué persona podrá optar por esta medida alternativa de arresto domiciliar”, resaltó el Ministro de Gobernación.
Funcionamiento
Por su parte el Subdirector de la Unidad de Control Telemático presentó el sistema de información que será utilizado en el Centro de Monitoreo para vigilar en tiempo real el comportamiento de las personas que tendrán colocados estos dispositivos electrónicos, los cuales enviarán una alerta al momento de manipular el artefacto, violar las áreas de inclusión o exclusión, asimismo al no responder a los mensajes.
Cabe resaltar que un juez competente determinará si la persona que porta el aparato deberá pagar por sus medios la cantidad de Q1 mil 500 mensuales o si será absuelta del costo. En cuanto al incumplimiento de las disposiciones establecidas por el Organismo Judicial (OJ) tendrá como consecuencia la revocación de la medida, el pago de una multa, pena de prisión y la captura inmediata.
Nota: Alexander Girón
Fotos: Paulo Raquec
Video: Audiovisual Mingob