Las requisas focalizadas desarrolladas en el Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal, permitieron desarticular una estructura criminal que operaba desde el interior del centro penitenciario y extendía sus actividades delictivas hacia ese departamento, la ruta al Atlántico y la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Como parte de estas acciones también se efectuó el traslado de 56 privados de libertad hacia otros centros carcelarios, la destrucción de infraestructura no autorizada y la incautación de objetos ilícitos, entre ellos 17 teléfonos celulares que serán sometidos a análisis para fortalecer las investigaciones en curso. Esta información fue brindada durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Gobernación (MINGOB).
Logros producto de investigación
Durante esta comparecencia pública, el ministro Marco Antonio Villeda, acompañado de su equipo de trabajo, informó que mediante labores de inteligencia se identificó a un grupo de privados de libertad que presuntamente coordinaba actividades vinculadas con narcomenudeo, trata de personas y sicariato.
“Con esto estamos manteniendo el control, evitando que los delincuentes sigan operando desde las prisiones. La política que hemos implementado es desarticular las estructuras criminales que se forman al interior de los centros penitenciarios mediante su traslado a diferentes cárceles del país”, enfatizó el titular de la Cartera del Interior.
Por su parte, el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, reiteró que el Estado mantendrá una postura firme frente a las organizaciones criminales. “Los movimientos estratégicos que estamos realizando responden al combate de estas estructuras. No vamos a ceder en ningún momento ni vamos a negociar con ellos para que firmen un pacto de paz”, afirmó.
Coordinación interinstitucional
Respecto de los hechos delictivos registrados durante el fin de semana en distintos puntos del país, el Ministro Villeda indicó que la Cartera a su cargo mantiene una coordinación permanente con el Ministerio Público (MP) para fortalecer las investigaciones y avanzar en la desarticulación de las estructuras responsables.
Explicó que las principales líneas de investigación apuntan a casos relacionados con extorsiones, rivalidad entre pandillas, venganzas personales y posibles hechos asociados a la denominada limpieza social. “Son hipótesis que aún deben ser confirmadas mediante las investigaciones”, puntualizó.
En cuanto a los resultados operativos, el Ministro Villeda informó que, mediante la ejecución de 522 allanamientos, las fuerzas de seguridad impactaron a 53 estructuras criminales y capturaron a 292 presuntos integrantes.
“Estamos enfrentando a la delincuencia con determinación. Estamos realizando un trabajo serio y permanente para desarticular estas bandas criminales”, añadió el ministro.
Lucha antinarcótica
En materia de combate al narcotráfico, el viceministro de Antinarcóticos, Víctor Cruz Reynoso, informó que las acciones desarrolladas han permitido la incautación de 8,511 kilogramos de presunta cocaína, la captura de más de 1,200 personas por delitos relacionados con la narcoactividad y el decomiso de armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.
El funcionario destacó que estos resultados representan un golpe directo a la capacidad financiera de las organizaciones criminales, al afectar tanto el tráfico de pequeñas cantidades de droga como los cargamentos de gran escala.
Asimismo, resaltó el trabajo de inteligencia que acompaña cada operativo, ya que fortalece las investigaciones, genera nuevas líneas de análisis y reduce la capacidad operativa de estas estructuras, evitando que los estupefacientes lleguen a distintos mercados y contribuyendo a proteger a la población guatemalteca.
Cruz Reynoso concluyó que cada incautación limita los recursos económicos que estas organizaciones podrían destinar a la compra de armas, el sicariato, el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
En la conferencia estuvo también el director general de la PNC, David Custodio Boteo; el director general adjunto del ente policial, Héctor Prera, y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa.
CS Mingob