Derivado de los hechos delictivos ocurridos el 13 de diciembre pasado en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, el gobierno de Guatemala emitió este día el Decreto Gubernativo 1-2025, que ordena un Estado de Prevención por un período de 15 días en ambos municipios. Esta acción tiene como objetivo fortalecer la presencia del Estado, restablecer el orden, mantener la gobernabilidad y combatir a grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad de la población en estos territorios.
Esta medida extraordinaria establecida en Consejo de ministros fue implementada en respuesta al requerimiento de los pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, quienes exigían una acción inmediata y contundente del Estado ante el ataque directo contra el destacamento militar ubicado entre ambas comunidades. Este hecho fue perpetrado por grupos armados que buscan que el Ejército de Guatemala se retire del área, para operar con total impunidad. Los hechos se registraron desde las 8 horas y se extendieron hasta las 19 horas del pasado sábado.
El presidente de la República Bernardo Arévalo enfatizó que el ataque directo al destacamento militar es parte de una estrategia criminal. “El objetivo es claro: quedarse en control del territorio para operar libremente, seguir extorsionando, y cometiendo actividades ilegales que ponen en riesgo a las comunidades. Pero mi gobierno no lo permitirá, las fuerzas de seguridad del Estado ya están trabajando para protegerlas”, aseguró el mandatario.
“El Estado de Prevención permitirá de manera coordinada fortalecer la presencia del Estado en el territorio, garantizar la protección de la población civil frente a la violencia, prevenir la consolidación de estructuras del crimen organizado en la región, y salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades ante la intimidación y amenaza de los grupos criminales” puntualizó Arévalo.
El gobernante también instruyó a las fuerzas castrenses y policiales a actuar con determinación y compromiso para garantizar la protección de los pobladores, respetar los derechos fundamentales de cada persona, y combatir a estos grupos criminales que buscan manipular la realidad para instalarse en el territorio. “El Estado de Guatemala está trabajando para protegerlos y evitar que estos grupos armados ilegales destruyan a sus comunidades”, concluyó.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que habían sido retenidos ya fueron liberados. Además, el funcionario indicó que se ha efectuado el despliegue de elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcóticas (SGAIA), y de la División de Fuerzas Especiales de Policía (DIFEP), para reforzar las acciones de seguridad y brindar protección a los habitantes de ambas comunidades.
Normativa legal
Durante el plazo del Estado de Prevención, se establecen las siguientes medidas en ambos municipios:
- Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, y en su caso, impedir que se lleven a cabo.
- Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverla si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello.
- Disolver por la fuerza sin necesidad de comunicación alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas, o se recurriere a actos de violencia.
- Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los servicios públicos, y disolverlas si fuere necesario.
- Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos que puedan ser utilizados para ejercer violencia en el territorio afectado.
- Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos. Las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las poblaciones o en su caso someterlos a registro.
CS Mingob