Por un plazo de 15 días estará vigente un nuevo estado de prevención en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Petén, Izabal, San Marcos y Huehuetenango. Se priorizan zonas con mayor índice delincuencial, con grandes centros carcelarios, así como con vulnerabilidad por actividades vinculadas al crimen organizado y transnacional en las áreas fronterizas de Guatemala.
Esta medida fue decretada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros. La oficialización la brindó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda en conferencia de prensa brindada junto a su equipo de trabajo en el Palacio de Gobernación. Las fuerzas de seguridad podrán ejecutar acciones para combatir a estructuras del crimen organizado, sin interrumpir el funcionamiento constitucional del Estado.
Durante el estado de prevención anterior fueron realizados 8,954 operativos policiales y liderados 825 allanamientos. Esto dejó como resultado la captura de 4,120 personas, 178 pandilleros y 113 extorsionistas, la incautación de 975 dispositivos móviles, la inhabilitación de 24 cámaras de videovigilancia ilegales, así como la consignación de 3,245 motocicletas y 918 vehículos.
Las requisas focalizadas realizadas en distintos centros penitenciarios resultaron en el decomiso de 892 dispositivos móviles, 340 tarjetas SIM, 135 cables USB, 62 cargadores, 35 routers, 22 armas de fuego ilegales, 610 municiones útiles, 43 tolvas, 222 latas con cerveza, 122 envoltorios con posible cocaína, y 91 botellas con licor.
Villeda informó que continúa la Operación Centinela en el área metropolitana y Escuintla. Destacó la importancia del trabajo conjunto entre elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados del Ejército de Guatemala para impactar a grupos delictivos de pandillas, crimen organizado y transnacional en el territorio guatemalteco.
Estas disposiciones han permitido una disminución de 25% en los homicidios y de 33 % en las extorsiones. Además, han contribuido a reforzar los controles y medidas de seguridad en los centros penitenciarios del país, así como a eliminar privilegios a los privados de libertad, debilitar las actividades de estructuras criminales y prevenir la comisión de hechos delictivos desde estos recintos.
CS Mingob