Las estrategias para combatir el crimen organizado han sido fundamentales para debilitar las estructuras delictivas de las pandillas y fortalecer la presencia del Estado en el territorio nacional. De enero a la fecha, las fuerzas de seguridad han desinstalado 324 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en espacios públicos de los departamentos de Guatemala y Chimaltenango.
Del total de cámaras inhabilitadas, 162 habrían sido controladas por integrantes de la pandilla Barrio 18; 86, presuntamente por miembros de la Mara Salvatrucha (MS); y 76, supuestamente por grupos dedicados al narcomenudeo, motoladrones, robamotos y otros hechos delictivos.
Estos resultados reflejan el trabajo de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala, para desmantelar sistemas de videovigilancia clandestinos, reducir la capacidad de vigilancia y control de las estructuras criminales, y contribuir a la recuperación de espacios públicos para la población.
De acuerdo con las investigaciones, los grupos criminales presuntamente utilizaban estos dispositivos para vigilar a posibles víctimas, intimidarlas y monitorear en tiempo real el despliegue de las fuerzas de seguridad, con el fin de alertar sobre su presencia y facilitar la coordinación de actividades ilícitas en áreas con alta incidencia delictiva.
Las fuerzas de seguridad continuarán ejecutando operativos para localizar, deshabilitar y retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal y utilizadas por estructuras criminales. Con estas acciones se busca fortalecer la seguridad, proteger a la población y recuperar espacios públicos que habían sido utilizados para actividades delictivas.
CS Mingob