La Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-2034, lanzada en el 2014 por el Ministerio de Gobernación, representó un importante avance en la proyección y posicionamiento de la temática de prevención de la violencia y el delito, marcando un norte para su abordaje integral.

Sin embargo, su proceso de aplicación en territorio ha permitido identificar algunos factores que han limitado su campo de acción, siendo el principal de ellos la carencia de herramientas técnicas para su efectiva implementación a nivel territorial, específicamente en alcanzar una efectiva articulación y coordinación intersectorial. Otro factor a considerar lo constituye la ausencia del componente de desarrollo para la prevención, sin el cual es difícil articular acciones de beneficio social para los sectores más vulnerables de la población.

De la misma manera, existe una serie de normativas y documentos referidos a la temática de prevención de la violencia que duplican acciones y esfuerzos, disminuyendo el impacto de las mismas. A partir de ello, se realizó un primer esfuerzo de reflexión y análisis respecto a la necesidad de examinar la situación actual de las acciones implementadas por el sector público en materia de prevención de la violencia y el delito.

Es así como se gestó la idea de contar con una Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito -ENP- resultado de un intenso esfuerzo de intercambio multisectorial, en el que resultó fundamental la comunicación y discusión de diferentes entidades:

a) el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia
y el Delito del Ministerio de Gobernación, con participación de la Unidad para
la Prevención Comunitaria de la Violencia y la Subdirección de Prevención del
Delito de la Policía Nacional Civil;

b) el Gabinete Específico de Desarrollo Social;
c) la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y; d) la Secretaria de
Política Criminal del Ministerio Público…

…La ENP está orientada a concertar voluntades y articular acciones entre múltiples
iniciativas institucionales y sociales, que deben contribuir a la disminución objetiva
y perceptiva de la violencia y el delito, basándose en la organización y participación
ciudadana, la gobernanza territorial, la concertación y articulación intersectorial.

Para el cumplimiento de estos propósitos, la ENP hará énfasis en la gestión de
una eficiente articulación capaz de brindar un impulso gradual y sostenido de las
múltiples acciones y esfuerzos de prevención que deberán implementarse, tanto
en lo nacional como en lo local.