La iniciativa de Ley Anti Pandillas y las reformas a la normativa jurídica vigente fueron entregadas por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República de Guatemala. Estas propuestas tienen como objetivo principal reforzar el combate frontal a las pandillas o maras, así como endurecer las penas por delitos de extorsión, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito, y usura.
El Titular de la Cartera, destacó la importancia de estas iniciativas para dotar al Estado de herramientas adecuadas en la lucha contra el crimen organizado en el país. Además, enfatizó que las propuestas presentadas son el resultado del trabajo conjunto con expertos de las fuerzas policiales, la Comisión de Gobernación del Congreso, y otras instituciones clave en materia de seguridad.

El Ministro Jiménez también añadió que estas propuestas, enfocadas a reforzar el Sistema Penitenciario (SP) y la lucha contra las pandillas, no responden a una coyuntura, sino que coinciden con el contexto actual. “Las maras y pandillas son un grupo del crimen organizado, con jerarquía, mandos establecidos, y responsables de una amplia gama de hechos delictivos”, expresó.
La Viceministra de Antinarcóticos y de Seguridad Fronteriza, Claudia Palencia, explicó que una de las propuestas contempla el fortalecimiento del Sistema Penitenciario, lo cual incluye la construcción de una cárcel exclusiva para integrantes de pandillas. Además, enfatizó en la importancia de implementar equipos tecnológicos de última generación para mayor control de los privados de libertad y guardias penitenciarios, así como para reforzar las medidas de seguridad en el centro carcelario.

Palencia también subrayó que, para reforzar la lucha contra las extorsiones, se presentaron reformas a diversas leyes vigentes, entre ellas el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley del Uso de Terminales Móviles en Centros Carcelarios. Asimismo, señaló que una de las reformas solicitadas es la inhabilitación de cuentas bancarias de personas implicadas a estos delitos. “Más del 90 % de las extorsiones se hacen efectivas a través de depósitos bancarios y otros medios financieros”, aseguró.
Tras la recepción de estas iniciativas, la Comisión de Gobernación del Congreso remitirá las mismas a las autoridades legislativas correspondientes para su análisis, estudio y posterior dictamen.
CS Mingob