Estas acciones buscan prevenir la reincidencia delictiva, fortalecer la persecución penal y reforzar la lucha contra la criminalidad.
Derivado de la problemática relacionada con la circulación de armas ilegales y el hacinamiento carcelario, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República iniciativas de ley que plantean reformas al artículo 264 del Código Procesal Penal.
La aprobación y aplicación de estas modificaciones permitirían fortalecer las capacidades de respuesta del Estado frente a la delincuencia organizada e incorporar el uso del control telemático como una herramienta dentro del sistema de justicia guatemalteco.
Una de las propuestas busca generar un impacto positivo en la seguridad pública mediante la restricción de medidas sustitutivas para personas detenidas por tenencia o portación ilegal de una o más armas de fuego. Con ello se pretende evitar que presuntos sicarios o integrantes de estructuras criminales recuperen su libertad en menos de 24 horas y puedan reincidir en hechos delictivos que contribuyan al incremento de la violencia homicida.
Propuestas sólidas
Ante esta situación, el Ministro Villeda argumentó que portar un arma de fuego sin la licencia correspondiente no constituye una conducta defensiva, sino un indicio de que una persona podría pretender utilizarla para cometer hechos delictivos.
“Hemos capturado sicarios con un arma de fuego ilegal, y a los días recuperan su libertad a través de una medida sustitutiva; al poco tiempo los volvemos a detener con una nueva arma de fuego o luego de darle muerte a una persona. Entonces, si queremos cambiar esta dinámica homicida en el país, definitivamente tenemos que limitar el otorgamiento de medidas sustitutivas a aquellas personas que andan con un arma de fuego ilegal”, enfatizó el titular de la Cartera del Interior.
Según datos de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada, actualmente circulan 1.6 millones de armas de fuego ilegales a nivel nacional. En 2025, las fuerzas policiales incautaron 3,835 armas ilegales durante operativos de seguridad. Mientras que, durante el primer trimestre de 2026, los decomisos de armas de fuego en el territorio nacional se incrementaron 32%.
Modernización tecnológica
La aplicación del control telemático ofrece a los jueces una alternativa a la prisión preventiva mediante la colocación de dispositivos electrónicos a personas sujetas a procesos penales, quienes podrían continuar en libertad mientras solventan su situación jurídica, bajo monitoreo y control permanente.
Esta herramienta contribuiría a reducir el hacinamiento que registra actualmente el Sistema Penitenciario, además de fortalecer los mecanismos de control y mejorar la custodia de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.
Múltiples actores estatales
Respecto a estas modificaciones, el Ministro Villeda señaló que los jueces podrán utilizar esta herramienta tecnológica con mayor frecuencia dentro del sistema de justicia.
“Esto nos ayudará al deshacinamiento de las cárceles, evitando que gente que pueda ir a prisión preventiva acceda al uso del control telemático y pueda estar en libertad mientras su proceso se desarrolla”, añadió.
La Unidad de Control Telemático (UCT) de la Cartera del Interior cuenta con capacidad para monitorear de forma simultánea a más de 3,000 personas. Actualmente, se han colocado aproximadamente 400 dispositivos a hombres y mujeres sujetos a procesos penales.
El instrumento electrónico se coloca en el tobillo de la persona monitoreada y emite una señal georreferenciada que permite conocer su ubicación en tiempo real. Además, genera una alerta en caso de que el dispositivo sea manipulado.
Ordenamiento de la gestión penitenciaria
A nivel nacional se contabilizan 25 centros de detención, con capacidad para albergar a 6,908 personas privadas de libertad. Actualmente, estos recintos albergan aproximadamente a 24,000 reclusos, quienes son custodiados por 4,000 agentes del Sistema Penitenciario (SP), distribuidos en dos turnos laborales.
Por ello, es fundamental continuar avanzando en la transformación y recuperación de la gestión penitenciaria, con el objetivo de fortalecer los controles, prevenir el ingreso de objetos ilícitos y evitar que las personas privadas de libertad continúen delinquiendo desde los centros penitenciarios.
CS Mingob