Nueva Ley de Ciberseguridad promueve un entorno digital más seguro

El Estado de Guatemala cuenta con una nueva herramienta jurídica para fortalecer la seguridad digital del país. El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, publicado este martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América, con el propósito de desarrollar un sistema nacional de protección del entorno digital, resguardar la infraestructura crítica y combatir los delitos cometidos mediante tecnologías de información y comunicación.

La normativa establece un marco institucional, administrativo, penal y procesal para enfrentar las amenazas cibernéticas, proteger los datos y fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, detectar y responder ante incidentes que puedan comprometer los sistemas informáticos y los servicios esenciales para la población.

Infraestructura y administración orientada

Dentro de esta nueva estructura, el Ministerio de Gobernación (Mingob) tendrá una responsabilidad estratégica al ser designado como ente rector sectorial de la ciberseguridad. Para cumplir esta función, la ley establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (DICIBER), como órgano técnico-operativo adscrito a esta cartera, encargado de impulsar políticas, estrategias, protocolos y mecanismos de coordinación para fortalecer la seguridad digital en Guatemala.

La DICIBER tendrá entre sus principales responsabilidades la elaboración de la Política Nacional de Ciberseguridad, la coordinación de los centros de respuesta a incidentes, el desarrollo de protocolos de prevención y atención de amenazas y la articulación de esfuerzos entre las instituciones públicas y privadas. También promoverá la formación especializada, la investigación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas nacionales.

Como parte de la estructura de conducción, se crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), presidido por el mandatario Bernardo Arévalo e integrado por autoridades de distintas instituciones del Estado, entre ellas el ministro de Gobernación. Esta instancia tendrá a su cargo las decisiones estratégicas y la coordinación de las acciones nacionales en esta materia.

Otro componente fundamental será el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), que permitirá fortalecer la detección, atención y coordinación ante ataques informáticos. La legislación establece que deberá encontrarse en funcionamiento en un plazo máximo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la ley.

En materia de seguridad pública, la normativa también contempla el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), mediante la dotación de recursos presupuestarios, físicos, materiales, científicos y humanos para desarrollar capacidades especializadas en la investigación y persecución de ciberdelitos. Esto permitirá ampliar las herramientas institucionales para enfrentar modalidades criminales como el fraude informático, la suplantación de identidad, el acceso ilícito a sistemas y la manipulación de información digital.

Detalles del documento

La ley tipifica ocho delitos informáticos: acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos y sistemas informáticos, falsificación informática, apropiación de identidad ajena, fraude informático y abuso de dispositivos. Estas conductas contemplan penas de prisión de acuerdo con su gravedad, que pueden alcanzar hasta ocho años, además de sanciones administrativas y otras consecuencias legales.

Asimismo, incorpora mecanismos para facilitar la investigación de estos hechos mediante el aseguramiento y la utilización de evidencia digital, así como procedimientos de cooperación internacional para obtener información cuando los sistemas, servidores o datos relacionados con una investigación se encuentren fuera del territorio nacional.

La implementación de la nueva legislación también requerirá coordinación con otras instituciones. En ese sentido, se contempla el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Organismo Judicial, con el propósito de mejorar la investigación, el análisis de evidencia digital y la aplicación de justicia en materia de ciberdelincuencia.

La Ley Marco de Ciberseguridad entrará en vigencia 30 días después de su publicación oficial, es decir, el 17 de diciembre de 2026. Su aplicación representa un avance en el fortalecimiento de la seguridad nacional, al incorporar la protección del ciberespacio como una responsabilidad del Estado y ampliar las capacidades institucionales para responder a las nuevas amenazas digitales.

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